La comisión interventora de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz Ltda. (Cotel) dio vacación “forzosa” a un total de 22 personas, entre gerentes, jefes de área, secretarias y asistentes personales, debido a que perdieron la confianza de la nueva administración temporal de la telefónica.
Los funcionarios, además, fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que investiga el proceso penal interpuesto por un socio de la Cooperativa por los supuestos delitos de atentado a la seguridad de los servicios públicos y asociación delictuosa.
El departamento de relaciones públicas de la Cooperativa informó que las responsabilidades de esos cargos serán asumidas por los 12 miembros de la comisión interventora, pero aclaró que no serán designados como gerentes ni entrarán como trabajadores regulares.
Los ejecutivos que se encuentran con descanso laboral son el gerente general, Gonzalo Angles; Administrativo y Financiero, Roy Velásquez; Técnico, Carlos Badani de la Parra; de Sistemas Informáticos, Juan Alberto Andrade; Comercio, Waldo Herrera, y de Planificación, Desarrollo y Gestión Institucional, René Chambi.
Mientras que la Gerencia Técnica estará en manos de un funcionario de Cotel.
Junto con los gerentes también tienen vacación sus secretarias y asistentes personales, que suman 12 funcionarios; además de dos personas del Departamento Jurídico y los jefes de Recursos Humanos y de Comunicación y Relaciones Públicas.
El personal de apoyo en las gerencias y jefaturas serán reemplazado por funcionarios de la misma Cooperativa.
“No se despidió a nadie”, informaron en la oficina de Relaciones Públicas al referirse al anuncio de retiros de personal.
El lunes, el ex presidente del Consejo de Administración de Vigilancia Fernando Dips denunció que desde que ingresó el interventor César Böhrt a la Cooperativa, contrató a 40 personas: “cinco abogados, gerentes de área, auditores y coordinadores de piso”.
Esto fue negado, y según Relaciones Públicas, se cumplirá lo que dice la Resolución Ministerial 395/09, que dispuso la intervención de Cotel y que no especifica el número de los miembros de la comisión interventora.
Una parte del artículo 2 dice: “El Interventor, conjuntamente al equipo de trabajo que él requiera, ejecutará lo dispuesto en el artículo precedente…”.
Böhrt informó que en el trabajo realizado hasta el momento encontró nuevas irregularidades, por ejemplo que la Cooperativa tuvo que pagar 50.000 dólares a la Fundación New 7 Wonders, que impulsa al lago Titicaca como maravilla del mundo, por haber afectado los derechos reservados que tiene sobre esta campaña.
Recordó que Cotel, el 10 de mayo, promocionó una votación gratuita, lo que fue observado por la Fundación, y para evitar problemas legales negoció, días después, y pagó 50.000 dólares para ser auspiciador. Según Böhrt, esto hubiera sido beneficioso para la Cooperativa si lo hubiera hecho al inicio de la campaña y no faltando menos de dos meses para su finalización.
Otra irregularidad encontrada es la adquisición del equipo de telecomunicaciones Triple play, para dotar de tres servicios (internet, imagen y telefonía pública) al área rural.
Éste, de acuerdo con Böhrt, sólo generó un “déficit económico”, porque no existe rentabilidad al haberse llevado a cabo sólo una mínima cantidad de instalaciones.
El equipo fue comprado de Hansa Ltda. en más de dos millones de dólares y aún se evalúa si hubo daño económico.
El Interventor prefirió no adelantar la existencia de daño económico con esta compra y aseguró que esto sólo podrá ser determinado con la evaluación que se realiza, “al parecer, la justificación económica está en cuestionamiento”.
Böhrt asume defensa
El interventor de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz Ltda. (Cotel), César Böhrt, rechazó las acusaciones de ex autoridades en su contra sobre una supuesta compra irregular en equipos de telefonía pública.
Aseguró que él “no fue notificado” de ningún proceso” que se le hubiera iniciado en Cotel.
Un informe ampliatorio de Auditoría Interna de octubre de 2006 dice que se hallaron indicios de responsabilidad administrativa en Böhrt por haber elaborado, cuando era Supervisor de Telefonía Pública en 2004, un pliego de especificaciones técnicas para la compra de un sistema de 4.000 teléfonos públicos prepago, documento que fue “negativo” para la Cooperativa.
El hoy Interventor de Cotel reconoció que él elaboró el pliego, pero que éste fue modificado por sus superiores y que su persona no formó parte ni de la calificación ni de la aprobación de la compra. Según dijo, fue “echado” por observar, justamente, esos cambios.
